El
silencio y la opacidad delatan a los que gobiernan, los presupuestos
autonómicos y del estado no han significado un ataque directo a los bolsillos
de los trabajadores públicos, pero como certeramente acordó la plataforma de
sindicatos de empleados públicos de Asturias, estemos atentos a los consejos de
ministros de los viernes, el verano para ellos es el mejor momento para ir a
por nuestro salario y pensiones.
Aún
así, la propuesta del gobierno asturiano si la acepta el central, será un paso
más en la eliminación de puestos de trabajo en la administración pública,
especialmente en sanidad y enseñanza donde todos los esfuerzos políticos y
financieros tanto del PSOE como del PP, solo sirven para reforzar la privada.
También significan estos presupuestos autonómicos y estatales el adelgazamiento
de todas las estructuras públicas mediante la venta directa y barata a sus
amigos o sus jefes de la banca.
El
estado de derecho se vacía y con ellos nuestros derechos como trabajadores, la
desregulación, la movilidad funcional y geográfica con el despido libre ya
forma parte de los empleados públicos con toda su crudeza.
El
gobierno del PP avanza en la línea dura de lo que el PSOE inició, la nueva
oficina judicial tendrá que esperar fundamentalmente a que la ley de planta se
apruebe por el gobierno, que como sabéis pretenden reducir los partidos
judiciales más del 50%, desaparecen los juzgados de paz y agrupaciones y muchos
juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, lo que implica movilidad forzosa para
muchos compañeros, amortización de plazas y alejamiento de la justicia del
ciudadano, a los cuales servimos.
Lo
acompañan con una imposición de tasas a los ciudadanos para poder presentar
demanda, aumentan las costas y los recursos para que los ciudadanos no puedan
pleitear, por salirles más caro el pleito que lo que demandan: eliminaron el
estado de derecho a los trabajadores con la reforma laboral, a estos mismos
trabajadores les eliminan el estado de derecho como consumidores con las tasas
y costas.
Pretenden
privatizar el registro civil, pasando parte de sus funciones a las cámaras de
la propiedad, evidentemente pagando cada ciudadano cada certificado o fe de
vida una tasa, los matrimonios a los notarios, los nacimientos desde los
hospitales, defunciones desde las funerarias, más poderes a los procuradores,
privatizar todo aquello que se pueda poner una tasa al ciudadano para el
beneficio particular.
SI
ELIMINAN LA JUSTICIA ELIMINAN EL ESTADO DE DERECHO PARA EL TRABAJADOR Y EL
CIUDADANO, todo lo argumentan por el estado de crisis del sistema,
fundamentalmente por la deuda privada de los bancos y sistemas financieros, que
al financiarla con recursos públicos esta deuda se convierte en déficit
público.
¡LA
DEUDA PRIVADA DE LOS BANCOS QUE LA PAGUEN ELLOS, igual que el ciudadano paga su
deuda privada!
¡LA
DEUDA PÚBLICA POR FINANCIAR LA BANCA ES ILEGÍTIMA, exijamos su impago y
devolución!
¡EL
HIPOTECARIO SE SALVA CON EL BIEN HIPOTECADO, mantener la deuda es un atraco al
ciudadano!
¡DEFENDAMOS EL ESTADO DE DERECHO, JUSTICIA,
ENSEÑANZA, SANIDAD Y EL TRABAJO DERECHO FUNDAMENTAL!